La propiedad en conflicto pertenece a Marilyn Armele, presidenta de la empresa “Marilyn Armele S.A.”, quien en varias ocasiones se negó a demoler la obra, pese a la sentencia dictada por la jueza civil y comercial Nilse Ortiz.

Los trabajos de demolición, a cargo de 15 albañiles. se realizaron en presencia de efectivos de la comisaría 11ª metropolitana, además de un arquitecto, un ingeniero, una escribana pública y un oficial de Justicia comisionado por el Juzgado.